Hace algunos meses trascendió de nuevo a los medios de comunicación escritos la grave situación de semi-ruina en la que se encuentra una de las joyas de nuestro patrimonio industrial y marítimo: el astillero Mendieta de Lekeitio.

Durante siglos, la industria naval de los puertos menores en Euskadi estuvo sustentada en la actividad de los pequeños astilleros tradicionales que poblaban profusamente los puertos de nuestro litoral. A día de hoy, Lekeitio es de los escasos municipios vascos que han conservado testimonios materiales de las tradicionales carpinterías de ribera dedicadas a la construcción de pesqueros y pequeñas embarcaciones de tráfico costero.

El astillero Mendieta de Lekeitio fue construido en el año 1885 y es uno de los exponentes más importantes de aquellas técnicas tradicionales de construcción naval. Dada la relevancia histórica y patrimonial del conjunto, el Gobierno Vasco, a través de la ORDEN de 9 de febrero de 2010, de la Consejera de Cultura, inscribió el Astillero Mendieta, edificio anexo y su entorno, como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

ASTILLEROS LEKEITIO. Lekeitio. Bizkaia (E)

 

Uno podría pensar que su declaración como BIC con categoría de Monumento es un éxito por cuanto garantiza la supervivencia a futuro del mismo. Sin embargo, 4 años después, seguimos viendo cómo día tras día su estado de deterioro es más preocupante. Lamentablemente, la situación del astillero Mendieta no es una excepción. Existen en Euskadi elementos patrimoniales industriales de primer orden, también declarados Bienes de Interés Cultural con categoría de Monumento, que están corriendo el mismo devenir: los Grandes Molinos Vascos o los Talleres de Zorroza, ambos situados en Bilbao, podrían ser claros ejemplos de que las declaraciones legales son una condición necesaria para la preservación de nuestro patrimonio industrial, pero no suficiente.

Por ello, apelamos desde la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, AVPIOP, a la responsabilidad de los propietarios y de las administraciones competentes para que lleven a cabo las actuaciones necesarias para su mantenimiento y garantía de permanencia.

La riqueza cultural, educativa, social y económica de nuestro patrimonio industrial y obra pública es necesaria e insustituible y la destrucción de cualquiera de sus valores acumulados nos empobrece, pues ninguna creación nueva, por buena que sea, puede compensar su pérdida.