La periodista Anatxu Zabalbeascoa publica hoy en el suplemento Babelia del diario El País un artículo, accesible en línea, bajo el título de Alerta, peligro de demolición, que pone el dedo en la llaga de la creciente demolición de elementos significativos del patrimonio de la modernidad construidos en el siglo XX, los cuales carecen de la necesaria protección legal que evite su destrucción indiscriminada e impune. En muchos casos se trata de arquitecturas residenciales o de equipamientos religiosos, educativos, etc. como es el caso de la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota demolida durante el pasado mes de enero en Madrid.

Edificio del RAG en Bilbao (Diego Basterra, 1933). Demolido en diciembre de 2011

Pero, evidentemente, los edificios industriales  o relacionados con la industria, el comercio o las obras públicas y de la ingeniería civil están igualmente expuestos, si no más, a los mismos riesgos que las restantes arquitecturas del movimiento moderno. Y las razones son siempre similares a las que apunta el subtitular de la noticia de prensa que comentamos: desidia, incultura y/o especulación. En el País Vasco hemos visto sucumbir bajo la piqueta numerosos edificios de arquitecturas de la industria del siglo pasado cuya importancia y relevancia en el conjunto de lo construido les hubiera hecho merecedores de mejor suerte. La memoria de la arquitectura del siglo XX, de la industrialización, de nuestras ciudades, nuestra propia memoria colectiva lo habría agradecido. El ejemplo del edificio del RAG en Bilbao, demolido hace pocos años para ser sustituido por una arquitectura anodina, prescindible, puede servir de muestra. O lo sucedido con Babcock Wilcox en Trapagaran/Sestao recientemente, pasto de la incuria y la desidia, o de la permisividad deliberada. Otros edificios están amenazados, tras crisis industriales o traslados de la actividad a nuevas implantaciones, como los de la antigua Formica en Galdakao, CATELSA en Oiartzun o Prado S.A. en Mungia. Y estos son solo unos ejemplos de las continuas amenazas y pérdidas que sufre nuestro más reciente patrimonio industrial.

Reproducimos a continuación algunos de los párrafos más significativos del artículo a cuya lectura completa remitimos desde los enlaces correspondientes:

Alerta, peligro de demolición

La desidia, la incultura y la especulación abocan a numerosos edificios con valor cultural a la misma suerte que la malograda Casa Guzmán, de Alejandro de la Sota

Antiguo mercado de la Puerta de la Carne de Sevilla. (PACO PUENTES. El País)

“Es la creciente e imparable especulación la que reduce cada vez más la vida de los inmuebles y plantea si la arquitectura a largo plazo no habrá dejado de interesar al poder y a los inversores que tradicionalmente la construían. El rédito económico empuja al consumo arquitectónico más irresponsable de la historia de esta disciplina. Kenneth Frampton lo resume así: “Hoy la historia de la arquitectura no la escriben los arquitectos. Es la especulación la que dibuja las ciudades”. ¿Cómo oponerse a esta realidad?”

“Sin embargo, con competencias en los Ayuntamientos y en las comunidades autónomas, no es fácil comprender quién tiene competencia sobre el patrimonio (antes histórico, ahora cultural) que desaparece para dejar espacio a episodios de especulación inmobiliaria. “Los Ayuntamientos otorgan las licencias de construcción y destrucción”, señala el arquitecto Jaime Nadal, que tras la muerte de sus padres vio cómo la casa moderna de su familia era transformada en mesón. ¿Puede un Ayuntamiento hacerse cargo de toda la gran arquitectura que sus promotores no puedan mantener?”

“Aceptar la pérdida de patrimonio arquitectónico es asumir la pérdida de identidad. También dilapidar la riqueza. Por eso cada vez más departamentos de Patrimonio Cultural defienden tanto la conservación de edificios modernos como la del espacio público.”

“Algo parecido ha sucedido en Sevilla con otro de los edificios que se disputan el puesto de primera obra racionalista española, el mercado de la Puerta de la Carne (1929), de Gabriel Lupiáñez y Aurelio Gómez Millán. Tras 17 años de abandono, el anuncio de su conversión en “mercado gourmet” generó un debate en la prensa local. Las últimas noticias hablan de una apuesta por la convivencia entre el respeto patrimonial y una nueva vida para el edificio, pero es evidente que a ese consenso difícilmente se llega sin el activismo ciudadano, la defensa de los Ayuntamientos y la toma de posición de los colegios de arquitectos. Al fin y al cabo, “son los colegios de arquitectos los que conceden los visados y, en el caso de la Casa Guzmán, el COAM concedió el de la mole que la sustituyó”, apunta Jaime Nadal.”

“Aunque la historia está plagada de edificios que cambian de uso —sólo hay que pensar en el Museo Reina Sofía de Madrid o en la Alhóndiga de Bilbao—, la nueva vida de un inmueble puede ser peliaguda. Tellería considera que el antiguo cine Avenida de De la Quadra-Salcedo en la Gran Vía madrileña ha quedado destrozado al acoger una tienda H&M. Y algo parecido le ha sucedido en Barcelona a la galería Joan Prats, de Josep Lluís Sert, que ha necesitado borrar su pasado para acoger otra marca internacional.”

“Tampoco le ha servido al madrileño Palacio de la Prensa, de Pedro Muguruza, ser declarado bien de interés patrimonial, su gran sala va camino de convertirse en un centro comercial.”

“¿Es preferible la degradación a la demolición? El arquitecto Jaime Nadal considera que algunos edificios, como el pabellón español que idearon Corrales y Molezún para la Expo en Bruselas de 1958, “han perdido su arquitectura”. Y es cierto que el famoso Pabellón de los Hexágonos malvive devorado por las malas hierbas en la Casa de Campo.”

“Y es que proteger el patrimonio hoy pasa más por evitar su comodificación —la venta como suelo para obtener grandes beneficios— que por su restauración. Las diversas asociaciones comparten que un catálogo ayudaría.”

“Los mismos vecinos que protegen algunos monumentos podrían hacer demoler otros. Y es el propio Consistorio el que construye y destruye su ciudad concediendo sus licencias o permitiendo el deterioro de sus edificios. Que los propietarios se responsabilicen del mantenimiento de lo que construyen es una obligación cívica. Que protejan el valor cultural de sus inmuebles es, de momento, una opción personal desde antes incluso de empezar a levantar el edificio. Una legislación inmovilista que protegiera cualquier construcción mataría las ciudades. No amparar el patrimonio cultural y arrasar los símbolos urbanos es destrozar las capas de historia que conforman la identidad de un lugar.”

 

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